Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo de Noticias asesinado en 1997, cuestiona la frase de Milei sobre la hoguera y defiende la libertad de prensa sin grieta.
Soy docente. Hay palabras que para algunos pueden ser una exageración, una provocación o una simple metáfora. Para mí, que soy la hermana de José Luis Cabezas, tienen el peso insoportable de una tragedia que nunca terminó. A mi hermano lo secuestraron, lo esposaron, lo asesinaron y quemaron su cuerpo dentro de un automóvil por haber hecho su trabajo como fotógrafo. Casi treinta años después, escuchar al presidente de mi país hablar de personas que deberían quemarse en una hoguera, después de señalar públicamente a periodistas, me devuelve inevitablemente a aquella madrugada de enero de 1997. Vuelven el dolor, la ausencia, el recuerdo de nuestros padres y las preguntas que todavía nos acompañan. No pretendo equiparar palabras con asesinatos ni atribuir intenciones que no están demostradas. Tampoco quiero convertir la muerte de José Luis en una bandera contra ningún gobierno. Pero hay expresiones que, pronunciadas desde el poder, lastiman una memoria que sigue viva. No escribo desde el odio ni desde una posición partidaria. Escribo como una hermana que sigue extrañando a su hermano y que no quiere que ningún otro periodista, ni ninguna otra familia, tenga que vivir lo que nosotros vivimos.
Las expresiones del presidente Javier Milei sobre determinados periodistas merecen una reflexión serena, con equilibrio, sin exageraciones ni justificaciones automáticas. A casi treinta años del asesinato de José Luis Cabezas, su memoria nos recuerda que la libertad de prensa no pertenece a ningún gobierno, partido político ni sector ideológico. Es un derecho de toda la sociedad.
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Hay momentos en los que siento la necesidad de hablar, aunque preferiría que ciertas discusiones nunca tuvieran que producirse. No porque me falten convicciones, sino porque conozco demasiado bien las consecuencias que puede tener la violencia cuando deja de ser una palabra y se convierte en un hecho. Soy la hermana de José Luis Cabezas. Mi hermano fue asesinado el 25 de enero de 1997 por ejercer su profesión como reportero gráfico de la revista Noticias, de Editorial Perfil. Han transcurrido casi treinta años desde aquella madrugada que cambió para siempre la vida de nuestra familia y dejó una herida profunda en la sociedad argentina. Durante todo este tiempo aprendí que la memoria no consiste solamente en recordar a quienes perdimos, sino también en defender los principios que su muerte puso dolorosamente en evidencia.
Por eso me preocupan las recientes expresiones del presidente Javier Milei durante un encuentro de la Fundación Faro, cuando cuestionó duramente a determinados periodistas, los identificó públicamente y, posteriormente, utilizó una expresión que evocó la imagen de personas que deberían quemarse en una hoguera. No quiero exagerar sus palabras ni atribuirle intenciones que no puedo conocer. Tampoco quiero minimizar su significado. Mucho menos deseo que la memoria de José Luis sea utilizada para alimentar una nueva confrontación entre argentinos. No escribo contra un presidente. Escribo a favor de un derecho que debe ser respetado por todos los presidentes, cualquiera sea su orientación política. Y quiero hacerlo con tranquilidad, porque creo que las convicciones más profundas no necesitan gritos para hacerse escuchar.
Grupo mafioso
José Luis era mi hermano antes de convertirse en un símbolo de la libertad de prensa. Era parte de nuestra familia, de nuestra vida cotidiana, de nuestros afectos. Tenía proyectos, responsabilidades, sueños y personas que lo querían. Trabajaba como fotógrafo, amaba su profesión y estaba comprometido con ella. En 1996, mientras trabajaba para la revista Noticias, logró fotografiar al empresario Alfredo Yabrán en una playa de Pinamar. Aquella imagen tuvo una repercusión extraordinaria. Yabrán era un empresario poderoso, vinculado con actividades económicas importantes y relacionado públicamente con sectores del poder político. Su figura despertaba numerosas preguntas que el periodismo tenía derecho a investigar. La fotografía permitió que la sociedad conociera su rostro. Mi hermano no había cometido ningún delito, no había amenazado a nadie ni había ejercido violencia. Había hecho una fotografía. Sin embargo, el 25 de enero de 1997 fue secuestrado, esposado, asesinado y quemado dentro de su automóvil, en una cava cercana a General Madariaga.
Todavía hoy resulta difícil expresar con palabras lo que significó recibir aquella noticia. Nuestra familia quedó atravesada por un dolor que no puede medirse. Mis padres, José y Norma, tuvieron que enfrentar algo que ningún padre debería vivir: enterrar a un hijo asesinado. Los hijos de José Luis perdieron a su padre. Quienes lo queríamos perdimos una parte de nuestra propia historia. Y la sociedad argentina descubrió que ejercer el periodismo podía tener consecuencias terribles cuando la actividad informativa interfería con intereses criminales vinculados al poder. A José Luis no lo mataron por lo que había hecho mal. Lo mataron por haber hecho su trabajo. Esa diferencia explica por qué su asesinato trascendió nuestra tragedia familiar y se convirtió en una causa colectiva.
El crimen ocurrió, como otros, durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, en una Argentina atravesada por profundas transformaciones económicas, concentración de poder y fuertes controversias sobre las relaciones entre empresarios, funcionarios y fuerzas de seguridad. Alfredo Yabrán se había convertido en una figura central de aquellas discusiones. La investigación judicial permitió reconstruir una organización criminal en la que participaron integrantes de la Policía Bonaerense y otras personas vinculadas con su estructura de seguridad. La intervención de funcionarios policiales en el asesinato fue uno de los aspectos más graves del caso. Quienes tenían la obligación de proteger a los ciudadanos participaron de un crimen destinado a castigar el ejercicio de una profesión. Eso debe permanecer en nuestra memoria.
Pero también considero importante establecer una distinción. Que el asesinato haya ocurrido durante el gobierno de Menem no significa que podamos atribuirle personalmente responsabilidad penal sin una sentencia que lo establezca. Las responsabilidades criminales deben probarse ante los tribunales. Las responsabilidades políticas e institucionales, en cambio, pueden y deben ser examinadas por la sociedad mediante criterios diferentes. Aquellos años demostraron que la democracia podía resultar profundamente dañada cuando determinados intereses económicos y estructuras criminales encontraban protección o complicidad dentro de instituciones estatales. La libertad de prensa necesitaba algo más que declaraciones de buenas intenciones. Necesitaba garantías reales. Y esas garantías habían fallado de la peor manera.
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