
Por Darío Rosatti
Mientras Uruguay organizó tres grandes celebraciones religiosas con un presupuesto de US$1,68 millones y Perú solicitó US$2,6 millones para acondicionar el predio de una misa multitudinaria, en la Argentina el Gobierno nacional comprometió más de US$11 millones solamente para la misa y la vigilia de Palermo, sin contar la transmisión televisiva ni los gastos de otras jurisdicciones. Las contrataciones directas, los vínculos empresariales con el entorno del poder y los privilegios concedidos a celebridades dejaron una pregunta incómoda: ¿quién controla el dinero público de quienes prometieron terminar con la casta? TNA comparó los mismos rubros de gastos en los tres países.
Noticias Argentina
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2026 – Total News Agency-TNA – La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una postal difícil de conciliar con las promesas fundacionales del gobierno de Javier Milei. Mientras miles de fieles soportaban largas esperas bajo el sol para participar de una celebración religiosa, políticos, empresarios y celebridades disfrutaban de carpas climatizadas, ubicaciones preferenciales y servicios de catering, en medio de contrataciones estatales millonarias adjudicadas mediante procedimientos de urgencia.

El Presidente que llegó al poder prometiendo combatir los privilegios de la casta terminó encabezando una administración que organizó una ceremonia con comodidades especiales para esa misma dirigencia. La discusión no pasa por los honores correspondientes a un jefe de Estado como el Pontífice, sino por el uso del dinero público, la selección de proveedores y los vínculos de determinadas empresas con funcionarios y familiares de dirigentes oficialistas.
Para dimensionar las diferencias, Total News Agency-TNA comparó los gastos de Argentina, Uruguay y Perú sobre los mismos conceptos: escenarios, altares, estructuras temporarias, vallados, sonido, iluminación, pantallas para los asistentes, grupos electrógenos, sanitarios, carpas y producción logística de las celebraciones. Quedaron excluidos los gastos de transmisión televisiva independiente, seguridad policial y militar, vuelos oficiales, ceremonial diplomático y obras públicas permanentes.
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En la Argentina, siete órdenes de compra identificadas en COMPR.AR alcanzaron $17.387 millones, aproximadamente US$11,1 millones, para la misa y la vigilia de Palermo.
En Uruguay, la Iglesia Católica presupuestó US$660.000 para la vigilia del Estadio Centenario, US$550.000 para la misa de Paysandú y US$470.000 para la celebración de Florida. Las tres actividades sumaron US$1,68 millones antes de IVA, excluidos los US$300.000 previstos separadamente para comunicación y televisación. El presupuesto general de la visita alcanzó aproximadamente US$2,7 millones, financiados principalmente mediante rifas, colectas y aportes privados.
En Perú, las autoridades solicitaron 9 millones de soles, equivalentes a unos US$2,6 millones, para acondicionar el predio de las Pampas de Pimentel, donde está prevista una misa multitudinaria. Ese requerimiento incluye infraestructura, preparación del terreno y servicios logísticos, aunque todavía no constituye una adjudicación definitiva.
Las cifras no representan presupuestos nacionales enteramente equivalentes: Argentina comprende dos actos de Palermo, Uruguay tres celebraciones y Perú una misa con trabajos preparatorios. Sin embargo, permiten identificar diferencias relevantes en los montos y mecanismos de financiación que justifican examinar particularmente los contratos argentinos.
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El principal fue adjudicado a DF Entertainment S.A. por $8.690 millones, mediante el proceso 79-0012-CDI26 y la orden de compra 79-0028-OC26. La compañía, fundada por Diego Finkelstein y asociada con Live Nation, quedó a cargo de la producción y coordinación general de la misa y la vigilia.
Los restantes compromisos identificados incluyeron $4.547,7 millones para estructuras y vallados, adjudicados a Nuevos Aires Producciones; $1.979,3 millones para sonido e iluminación, a PRG Argentina; $1.736 millones para grupos electrógenos, a Fidias Energía; $225 millones para pantallas LED, a VMG Video Tech; y otros $209,3 millones para alfombras y cortinas.
Las contrataciones más importantes registraron una sola oferta económica confirmada cada una y fueron tramitadas mediante procedimientos abreviados por urgencia. Esa modalidad, contemplada legalmente para circunstancias excepcionales, exige justificar por qué no resultaba posible utilizar mecanismos ordinarios de competencia.
Una visita papal anunciada con meses de anticipación no constituye, por su propia naturaleza, un acontecimiento imprevisible. La necesidad de contratar con urgencia debe surgir de circunstancias objetivas acreditadas en cada expediente, no simplemente de la proximidad de la fecha.
En el caso de DF Entertainment, el llamado fue publicado el 14 de octubre, se invitó a tres empresas y solamente una presentó una oferta económica confirmada. La adjudicación se formalizó el 23 de octubre mediante la Resolución 338/2026, firmada por Mariana Vello, secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Vello, proveniente de la estructura administrativa del PRO, fue designada titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de la visita pontificia, con facultades para aprobar contrataciones cualquiera fuera su monto. Su coordinadora ejecutiva fue Macarena María Orani, abogada con antecedentes en el Ministerio de Seguridad porteño.
La documentación administrativa consideró razonable el precio ofertado, pese a que el pliego no establecía un presupuesto oficial que permitiera contrastarlo públicamente. Corresponde conocer qué estudios de mercado y valores de referencia respaldaron una adjudicación de $8.690 millones sin competencia económica efectiva.
La responsabilidad administrativa se ubica en la Jefatura de Gabinete, conducida por Diego Santilli, pero la organización también involucró al entorno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
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Una de sus colaboradoras de confianza, Mara Natalia Gorini, intervino en tareas de coordinación del acontecimiento. Gorini había sido directora suplente y productora general de Foggia Group, firma vinculada con el empresario Marcelo Dionisio, que participó en actividades relacionadas con el oficialismo.
Sus antecedentes empresariales habían motivado cuestionamientos por la concesión de Tecnópolis. Gorini sostuvo que se desvinculó de Foggia antes de incorporarse a la Secretaría General de la Presidencia.
Aunque DF Entertainment y Foggia Group son sociedades distintas, la intervención de una funcionaria cercana a Karina Milei, con experiencia en la producción de espectáculos, obliga a establecer qué participación tuvo en las decisiones sobre proveedores, servicios y contratación.
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Otra situación de particular interés involucra a Tech Security SRL, empresa vinculada con la familia Menem, cuyo personal fue identificado por periodistas durante el operativo de seguridad y acreditaciones.
Entre sus socios registrados aparecen Fernando y Adrián Menem, hermanos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. También figura Pablo Vázquez, señalado como socio mayoritario. Martín Menem había transferido su participación societaria en diciembre de 2023.
El contrato de DF Entertainment contemplaba servicios de seguridad privada con aproximadamente 400 agentes por turno y admitía subcontrataciones. Sin embargo, no se encuentra públicamente individualizado cuánto cobró Tech Security, quién formalizó su contratación ni bajo qué condiciones económicas participó.
La identificación de los subcontratistas resulta indispensable para conocer el destino final del dinero. También corresponde examinar las declaraciones juradas de intereses y los eventuales mecanismos de control exigibles por el Decreto 202/2017 ante vínculos personales o empresariales con funcionarios.
Pero el aspecto más visible de las contrataciones fueron los privilegios otorgados a los invitados especiales.
El pliego de DF Entertainment contemplaba 31 carpas, áreas preferenciales para aproximadamente 4.000 personas, 3.500 sillas y una carpa identificada como VIP Iglesia, de 30 por 40 metros, destinada a unos 250 asistentes, con climatización, alfombras y sanitarios especialmente acondicionados.
También incluía catering para invitados VIP, sacristías, coro y Presidencia.
Las imágenes difundidas durante la celebración mostraron a Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Flor de la V, Analía Franchín y otras personalidades en los espacios reservados.
La modelo e influencer Angie Landaburu publicó fotografías de uno de esos sectores, que mostraban las condiciones de atención y ornamentación destinadas a los invitados.
En contraste, voluntarios denunciaron que, pese a haber trabajado durante horas, debieron seguir la misa detrás de vallados y lejos del altar. El periodista Nacho Otero cuestionó públicamente que religiosas, sacerdotes y adultos mayores permanecieran en condiciones menos cómodas que las celebridades.
La controversia sumó un episodio político cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que nunca había recibido el código QR necesario para acceder a la ceremonia, mientras la Casa Rosada sostuvo que le había enviado una invitación formal.
Análisis político
El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que Karina Milei y el canciller Pablo Quirno expliquen quién confeccionó las listas de invitados, qué criterios determinaron los accesos y cuánto costaron las prestaciones diferenciadas.
Desde el Gobierno porteño surgieron explicaciones que atribuyeron a la organización nacional la contratación de las carpas y el catering. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, consideró excesivas determinadas prestaciones gastronómicas.
Esa versión contradijo la explicación inicial del periodista Eduardo Feinmann, quien había responsabilizado al Gobierno porteño por las invitaciones destinadas a figuras del espectáculo. La documentación sobre el circuito de acreditaciones y los responsables de su aprobación permitiría precisar las competencias de cada organismo.
El financiamiento privado constituye otro capítulo que requiere una rendición completa.
La Conferencia Episcopal Argentina informó que había reunido más de $5.500 millones, incluidos aportes empresariales superiores a US$3 millones y colectas de los fieles. También circularon estimaciones de hasta US$30 millones para el costo global de la visita, aunque esa cifra no equivale a una rendición documentada de dinero efectivamente entregado por empresarios.
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Por ello, corresponde identificar los aportantes, las sumas recibidas y las prestaciones que financiaron, evitando superposiciones entre recursos privados y contratos estatales.
En Uruguay, la Iglesia anunció una auditoría externa a cargo de Grant Thornton para controlar la administración de los fondos de la visita. En la Argentina, una rendición equivalente debería permitir conocer los costos desagregados de cada contratación y los pagos realizados a los proveedores y subcontratistas.
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La partida presupuestaria nacional destinada a los acontecimientos de Palermo fue de $20.000 millones. Al 4 de noviembre ya existían órdenes de compra por $17.387 millones y una oferta adicional de $3.090 millones para la transmisión televisiva, que en ese relevamiento todavía no estaba adjudicada.
De aprobarse esa última contratación sin modificaciones, los compromisos superarían los $20.477 millones. Ese importe incluye televisión y, por consiguiente, no corresponde utilizarlo para comparar exclusivamente los costos de producción de las misas.
Además, la provincia de Buenos Aires informó presupuestos de $3.024 millones para la celebración de Luján y $603 millones para el Cottolengo Don Orione, que deben contabilizarse separadamente de los actos de Palermo y sin duplicar posibles aportes de otras jurisdicciones.
La visita de León XIV tuvo un enorme significado espiritual para millones de argentinos. Precisamente por eso, la administración de los recursos públicos empleados en su organización merece el máximo nivel de transparencia.
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La documentación oficial, los proveedores identificados, los procedimientos excepcionales y la participación de empresas vinculadas con familiares o colaboradores del poder ofrecen elementos concretos para exigir explicaciones sobre el destino de cada peso.
Javier Milei prometió terminar con los privilegios de la casta. Durante la visita papal, su Gobierno contrató una infraestructura que incluyó carpas VIP y servicios diferenciados para esa misma dirigencia. Ahora corresponde que explique cuánto costó realmente y quiénes se beneficiaron de esas contrataciones.
Evidentemente no escucharon al Papa.
Fuentes consultadas: COMPR.AR, expedientes y órdenes de compra 79-0010-CDI26 a 79-0016-CDI26; Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía; Boletín Oficial, decretos 1103/2026 y 1127/2026; Resolución 338/2026; Chequeado; Con Interés; LA NACION; Perfil; Noticias Argentinas; Revista Noticias; Realpolitik; elDiarioAR; Forbes Uruguay; El País de Uruguay; agencia EFE; Congreso de la República del Perú; Agencia Andina; comunicaciones de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Iglesia Católica uruguaya.
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